La salvaje represión de Maduro en Venezuela



PURGATORUM

Las criaturas y el Juicio Final


Declaración de Chapultepec. Una prensa libre es condición fundamental para que las sociedades resuelvan sus conflictos, promuevan el bienestar y protejan su libertad. No debe existir ninguna ley o acto de poder que coarte la libertad de expresión o de prensa, cualquiera sea el medio de comunicación.

Resultado de imagen de Declaración de ChapultepecSIP. Porque tenemos plena conciencia de esta realidad, la sentimos con profunda convicción y estamos firmemente comprometidos con la libertad, suscribimos esta Declaración, con los siguientes principios:

➨ No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo.

➨ Toda persona tiene el derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente. Nadie puede restringir o negar estos derechos

➨ Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público. No podrá obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de información.

➨ El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad.

➨ La censura previa, las restricciones a la circulación de los medios o a la divulgación de sus mensajes, la imposición arbitraria de información, la creación de obstáculos al libre flujo informativo y las limitaciones al libre ejercicio y movilización de los periodistas, se oponen directamente a la libertad de prensa.

➨ Los medios de comunicación y los periodistas no deben ser objeto de discriminaciones o favores en razón de lo que escriban o digan… Ampliar lectura.


No existe la Ideología de género, acaso se refieren a la orientación de género. Quizá sea la identidad de género, un concepto básico para una educación con valores, que hará de los niños más tolerantes, con menos prejuicios, y con mayores libertades para valorar al prójimo y a sí mismos. Tal como el propio Cristo, de estar entre nosotros, hubiese querido de todos quienes suelen llamarse hijos del padre.

LR. La homosexualidad no es ninguna patología. La Asociación Psiquiátrica Americana eliminó en 1973 la homosexualidad de su lista de desórdenes psicopatológicos.

Sexo es un término biológico definido por las características físicas externas e internas del cuerpo humano como los genitales, cromosomas sexuales.

En tanto que el género es la construcción de la identidad basada en lo cultural, social y mental de la persona.

En cuanto a la ideología de género, las ciencias sociales no la conciben. Lo que sí está en las ciencias sociales, es la orientación de género.

Adjudicar el término ideología a un concepto científico en realidad implica una distorsión que solamente proviene de concepciones fundamentalistas, religiosas o de intenciones políticas que tergiversan el verdadero sentido del término género", precisó la especialista… Ampliar lectura.


Figari ya era un psicópata y acosador en los sesenta, antes de fundar el Sodalicio.

El Ojo de Mordor. La fiscal María del Pilar Peralta Ramírez, de la 26ª fiscalía provincial de Lima, cuya incompetencia e indolencia son tan grandes como su credo religioso, tampoco se preocupó en hurgar sobre lo que hacía Figari antes de fundar el Sodalitium, algo que considero capital para comprender el fenómeno. De haberlo hecho, se habría topado con que el susodicho ya tenía la pulsión del predador. Existen testimonios, en Caretas, por ejemplo, que documentan que Figari, con el pretexto de preparar a adolescentes para ingresar a la universidad, se los llevaba a una suerte de “retiro académico” de dos meses a su casa en San Bartolo. Y ahí les obligaba a dormir en ropa interior, para luego despertarlos a medianoche, y se metía en la ducha para observarlos. Entre otras cosas, imaginarán. Entonces, si Figari ya era un psicópata y acosador en los sesenta, antes de fundar el Sodalicio, cuando lo hizo, en diciembre de 1971, ¿no lo creó pensando en formar una fachada religiosa para continuar abusando de menores de edad?... Ampliar lectura.


sábado, 10 de febrero de 2018

Fujimori y otros violadores, y la pertinente tragedia de Jimenita

"Violaciones y feminicidios serán utilizados por el fujimorismo y sus aliados para normalizar de una vez por todas un peligroso“sistema de impunidad” en el Perú. Su objetivo es salir de la “rojete, caviar y proterruca” CIDH, “reescribir” la historia y justificar todos los crímenes de los noventa. Porque igual que antes, para ellos la solución es la muerte".

Por Jorge Millones

Ya sea por convicción o por conveniencia, el fujimorismo impulsará de nuevo la pena de muerte. Aprovechando la indignación nacional por el execrable crimen de violación y asesinato de una menor, presentarán la iniciativa como si con esa medida los violadores pudieran desaparecer automáticamente, igual que las causas de dichas agresiones y las condiciones que las alientan.

Lo que ocurriría, casi automáticamente, es que si se aprobara una ley de pena de muerte, quedaríamos fuera del Pacto de San José. Y al estar fuera de la CIDH, el indultado Fujimori podría respirar tranquilo, igual que muchos acusados de violaciones de los derechos humanos en el Perú.

No hace mucho, congresistas de ambos fujimorismos votaron en contra de una ley que quitaba los beneficios penitenciarios a los violadores. El fujimorismo y las fuerzas conservadoras también se oponen a políticas de educación sexual, sensibilización y al enfoque de género destinados a desmontar las condiciones para el abuso, acoso y violación. La ex presidenta fujimorista de la Comisión de la Mujer, Maritza García, tuvo que renunciar por una desatinada frase que revelaba su tolerancia y justificación a la violencia contra la mujer, causa de los feminicidios.

Violaciones y feminicidios serán utilizados por el fujimorismo y sus aliados para normalizar de una vez por todas un “sistema de impunidad”. Su objetivo es salir de la “rojete, caviar y proterruca” CIDH, “reescribir” la historia y justificar todos los crímenes de los noventa. Porque igual que antes, para ellos la solución es la muerte.

Mientras tanto, los de “Con mis hijos no te metas” brillan por su ausencia.

"Pertinente muerte", por Jorge Millones, La Republica,  Feb 9 de 2018.
(*) Filósofo y cantautor. Grupo La República

viernes, 5 de enero de 2018

Reconciliación elitista, el santo y seña de los poderosos

"... si nos queremos mantener dentro de los límites de lo moralmente defendible, la reconciliación nunca podrá significar un pacto de convivencia entre poderosos a expensas de las víctimas. Menos hacerlo intentando comprar aquiescencias o silencios mediante ominosos gestos de asignación de irrisorias cantidades de dinero para las víctimas".

Por: Salomón Lerner Febres

El término “reconciliación” es uno de los más recurrentes y de los más tergiversados en sociedades que emergen de situaciones de violencia armada o de autoritarismo en las que se han producido masivas y atroces violaciones de derechos humanos. Con frecuencia, el término se convierte en santo y seña de los actores armados y de los poderosos para sellar pactos de impunidad con total prescindencia de los derechos de las víctimas.

Peor aún, es un término que, cuando es así utilizado, pone sobre las espaldas de las víctimas la obligación de sacrificar sus derechos y de aceptar el menoscabo de su dignidad en aras de ciertas acepciones cínicas de paz, estabilidad o concordia nacional.

Todo parece indicar que en nuestro país las autoridades están actualizando ese uso insincero e inmoral del término como ardid para legitimar la transacción furtiva que celebra el fujimorismo. Como sabemos, todo parece indicar que el Gobierno ha otorgado libertad a Alberto Fujimori a cambio de que no se apruebe por el Congreso la declaración de vacancia de la Presidencia. Ello que ya es, en sí mismo, bastante censurable, resulta agravado si para “legitimar” esa maniobra se recurra al mensaje moral de la reconciliación. Y ello es así, pues implica ahondar en la degradación de nuestro lenguaje público e intensificar el agravio a víctimas a las que pareciera nunca se las ha tomado en cuenta.

La noción de reconciliación es, desde luego, compleja y está abierta a diversas definiciones. Pero si nos queremos mantener dentro de los límites de lo moralmente defendible, la reconciliación nunca podrá significar un pacto de convivencia entre poderosos a expensas de las víctimas. Y eso es precisamente lo que estaría haciendo el Gobierno, el cual, convirtiendo en más penosa la situación, ha declarado realizará el ominoso gesto de asignar, una irrisoria cantidad de dinero paras las víctimas (¿cómo forma de comprar su aquiescencia o su silencio?).

La reconciliación, en el caso del Perú, si es que ella ahora tiene sentido, solo puede ser entendida como una restauración de los lazos que unen a los ciudadanos y a estos con su Estado. Se trata de repensar la convivencia entre la gente y no de escenificar un territorio de convivencia cómoda entre las elites políticas. La reconciliación, como horizonte público, tampoco puede ser definida como una relación de acercamiento (arrepentimiento y perdón) entre verdugo y víctima, pues esto solo cabe en la esfera de lo privado. Ninguna víctima puede ser obligada a perdonar ni mucho menos cabe que, desde la perspectiva de la moral, un presidente perdone en nombre de ella.

La reconciliación tiene sentido como una experiencia de Justicia, Verdad y Reconocimiento. En la práctica debería consistir en una reforma de nuestras instituciones de manera que todos los ciudadanos puedan tener acceso a esos bienes públicos básicos, elementales, que son el derecho a ser reconocidos, el respeto y la igualdad ante la ley. Combatir el racismo, la discriminación socioeconómica o de género, la exclusión, la legitimación de la violencia en nuestra vida cotidiana: esas son las metas que dan sentido a la reconciliación. Ella no consiste en absoluto en dar impunidad para que así los poderosos se entiendan entre sí.

"La reconciliación mal entendida",  Salomón Lerner Febres La Republica, Ene 5 de 2018.

miércoles, 9 de agosto de 2017

Inhumano y desproporcionado: cada vez más Ciudades y Estados se rebelan a política de deportaciones de Trump

...la amenaza del gobierno de entregar determinadas subvenciones federales solo a las comunas que ayuden a implementar la política de inmigración de Washington viola la Constitución. Tradicionalmente es prerrogativa del Congreso, y no del Ejecutivo, determinar las condiciones para la asignación de subvenciones federales. Ante una demanda de San Francisco, los tribunales ya frenaron un intento previo del Gobierno de Trump de recortar fondos a comunas poco cooperadoras. Algo similar podría ocurrir con la nueva tentativa de Washington..., contra lo cual Chicago ya interpuso una demanda.


El rastreo de inmigrantes ilegales llevado a cabo con mano dura por el Gobierno de Trump genera un ambiente de temor. Exigir que los municipios tomen parte en ello es un descaro, a juicio de Michael Knigge.

Sí, el ingreso y permanencia en Estados Unidos sin documentos válidos infringe la ley. Sí, la consecuencia de semejante infracción puede ser la deportación. Y sí, no es necesario estar de acuerdo con la postura de algunas localidades conocidas como "ciudades refugio", es decir, ciudades o comunas que se rehúsan parcial o totalmente a cooperar con las autoridades federales en el rastreo de inmigrantes ilegales. No obstante, tras sopesar los hechos, en el conflicto entre el Gobierno de Trump y las comunas uno no puede sino ponerse de parte de las "ciudades refugio".

Para poder aquilatar correctamente el duro proceder del Gobierno de Trump contra los inmigrantes ilegales, se debe saber que en Estados Unidos hay una cifra estimada de 11 millones de personas indocumentadas. La mayoría de ellas vive en el país hace 10 o más años, según datos del instituto demoscópico Pew Center. Hoy constituyen cerca del cinco por ciento de la población que trabaja en el sector civil.

Separación de familias
A diferencia de ampliamente difundidos prejuicios, diversos estudios revelan que la tendencia no apunta a que los inmigrantes ilegales sean más criminales que los ciudadanos nacidos en Estados Unidos. De esta comparación se excluye lógicamente el delito del ingreso ilegal que, por definición, no pueden cometer los estadounidenses nacidos en el país. Además, la entrada ilegal es considerada una infracción civil más que una infracción criminal. Por esos motivos, las grandes redadas del Gobierno de Trump resultan desproporcionadas. Apuntan en gran parte a personas intachables que trabajan duro y que, aparte del ingreso ilegal al país ocurrido por lo general hace muchos años, no han cometido delito alguno, y no a criminales de marca mayor, como se afirma a menudo.

Michael Knigge, corresponsal de DW en Washington.

Si uno se fija además en las consecuencias individuales de esa política - como la dramática deportación a El Salvador de un joven descrito por los medios locales como una estrella de fútbol que estaba a punto de entrar a la universidad con una beca, o como el caso de un padre de familia que vivía desde hace 16 años en Estados Unidos y fue expulsado mientras su hijo estaba en la escuela- queda claro que el duro proceder del Gobierno es inhumano y desproporcionado, porque desgarra familias innecesariamente y propaga el miedo entre los inmigrantes. De acuerdo con datos oficiales, en las últimas grandes redadas de fines de julio fueron detenidas 650 personas, de las cuales la mayoría (520) no había cometido ningún delito, aparte de su permanencia ilegal en el país. Entre los detenidos se contaban 38 menores de edad.

Jurídicamente controvertido
El hecho de que justamente el gobierno republicano de Trump y del ministro de Justicia Jeff Sessions, un halcón proveniente de Alabama, quiera forzar a las comunas a colaborar en la búsqueda de inmigrantes ilegales, no solo tiene cierta ironía, sino que es un descaro. Muchas veces son los propios republicanos los que protestan contra lo que consideran excesos del gobierno central y reivindican los derechos de los estados a la autodeterminación.

Precisamente esa argumentación podría echar por tierra el intento del Gobierno de Trump de forzar a las comunas a participar en el rastreo de inmigrantes ilegales. Porque los tribunales podrían dictaminar que la amenaza del gobierno de entregar determinadas subvenciones federales solo a las comunas que ayuden a implementar la política de inmigración de Washington viola la Constitución. Tradicionalmente es prerrogativa del Congreso, y no del Ejecutivo, determinar las condiciones para la asignación de subvenciones federales. Ante una demanda de San Francisco, los tribunales ya frenaron un intento previo del Gobierno de Trump de recortar fondos a comunas poco cooperadoras. Algo similar podría ocurrir con la nueva tentativa de Washington de supeditar la entrega de dinero a la colaboración con su política de inmigración, contra lo cual Chicago ya interpuso una demanda.

Proyectos de infraestructura
Pero, independientemente de la situación legal y del hecho de que la dura política de Trump contra los inmigrantes ilegales es errónea, muchas comunas simplemente tienen otras preocupaciones que la de ayudar a Washington a perseguir a gente que en su mayoría no tiene antecedentes penales. En lugar de tratar de quitarle dinero a los municipios, el Gobierno de Tump haría bien en emprender los grandes proyectos prometidos por el presidente en su campaña para mejorar la ruinosa infraestructura del país.

 Título original: 
 por Michael Knigge, Deutsche Welle,
 agosto 9 de 2017.

Lea también:
EE. UU.: ¡bienvenidos inmigrantes!
DW "Esa política ha desatado grandes temores 

en nuestra ciudad e intentamos disiparlos", dice Kate Stewart, 
su alcaldesa. Y agrega: "No tenemos miedo". A pesar de las 
presiones de Washington, Takoma Park, denominada a veces 
"República Popular de Takoma Park" por su política de izquier
da, ni piensa en renunciar a ser "ciudad refugio".
"Somos ciudad refugio desde 1985. Damos la bienvenida a 
los recién llegados y los integramos", dice Stewart.  "Nuestra 
policía y administración no cooperan con las autoridades 
federales de inmigración cuando se trata de identificar y 
expulsar a inmigrantes sin papeles. No nos interesa el estatus 
legal de esas personas, ni nos interesará tampoco en el futuro", 
agrega... Ampliar lectura.

martes, 4 de julio de 2017

Del imposible jurídico a la conveniencia política. Por qué hacer referencia concreta a los crímenes por los cuales Fujimori recibió una sentencia de 25 años.

Hasta hace algunos meses se tenía en cuenta que los delitos de Fujimori hacían que el indulto común sea un imposible jurídico. A lo sumo, se buscaba demostrar, sin éxito, que el estado de salud del sentenciado justificaba el indulto humanitario. Hoy, las autoridades del Estado –Ejecutivo o Legislativo– así como los medios de comunicación hablan del tema con asombrosa ligereza. Las consideraciones jurídicas parecen no importar.

La discusión sobre justicia, legalidad y principios democráticos ha sido desplazada por un debate al mismo tiempo ingenuo y amoral: el análisis sobre las conveniencias políticas de la impunidad. Un gobierno que se presume maniatado por el fujimorismo querría resolver sus problemas sacrificando la legalidad y la dignidad democrática del país.

Como ha ocurrido siempre, hay grandes ausentes en esta discusión: las víctimas de los delitos de Alberto Fujimori. Ni el presidente ni sus ministros las han mencionado jamás. El indulto es sinónimo de perdón. Las autoridades tendrían que decir si se consideran con derecho a perdonar en lugar de las víctimas [y a asumir el perdon en lugar de un victimario inconfeso].



Escribe:
Salomón Lerner Febres

En el año 2009 la Corte Suprema de Justicia determinó que Alberto Fujimori era responsable de graves delitos de corrupción y contra los derechos humanos. Fujimori fue hallado responsable de homicidio calificado y secuestro agravado, entre otros delitos. La Corte Suprema precisó, además, que algunos de los delitos constituyen crímenes de lesa humanidad. Hace pocas semanas la Corte Suprema de Chile amplió los términos de la extradición de Fujimori de manera que pueda ser procesado por el “caso Pativilca”. Se trata del asesinato de seis personas en Barranca. La Corte chilena señaló que los casos “constituyen un ultraje a la dignidad humana y representan una violación grave y manifiesta de los derechos y libertades (...) por lo que se ha de reconocer su carácter de imprescriptibles, así como la imposibilidad de amnistiarlos.”

Hoy se vuelve a hablar de la posibilidad de un indulto a Alberto Fujimori. Ya ni siquiera se tiene el cuidado de hacer la distinción entre un indulto común y un indulto humanitario. Hasta hace algunos meses se tenía en cuenta que los delitos de Fujimori hacen que el indulto común sea un imposible jurídico. A lo sumo, se buscaba demostrar, sin éxito, que el estado de salud del sentenciado justificaba el indulto humanitario. Hoy, las autoridades del Estado –Ejecutivo o Legislativo– así como los medios de comunicación hablan del tema con asombrosa ligereza. Las consideraciones jurídicas parecen no importar. Nadie hace referencia concreta a los crímenes por los cuales Fujimori recibió una sentencia de 25 años. El compromiso de no indultarlo, que el presidente ha repetido muchas veces, parece no haber existido nunca. Ya no es mencionado.

La discusión sobre justicia, legalidad y principios democráticos ha sido desplazada por un debate al mismo tiempo ingenuo y amoral: el análisis sobre las conveniencias políticas de la impunidad. Un gobierno que se presume maniatado por el fujimorismo querría resolver sus problemas sacrificando la legalidad y la dignidad democrática del país.

Como ha ocurrido siempre, hay grandes ausentes en esta discusión: las víctimas de los delitos de Alberto Fujimori. Ni el presidente ni sus ministros las han mencionado jamás. Y están en la obligación moral de hacerlo, de consultarles su parecer. El indulto es sinónimo de perdón. Las autoridades tendrían que decir si se consideran con derecho a perdonar en lugar de las víctimas. Y tendrían que explicar al país de qué manera es que esto que creen ser su conveniencia política es compatible con sus obligaciones de hacer respetar el orden constitucional y, más elementalmente, de actuar con rectitud y honrar sus propios compromisos.

El presidente Kuczynski enfrenta una enorme responsabilidad. Los términos del dilema están claros: apegarse al orden jurídico y honrar su palabra, o reeditar el mensaje odioso de que nuestra democracia será siempre maleable y quebradiza cuando se trata de hacer cumplir la ley a los poderosos.La discusión sobre la justicia ha sido desplazada por un debate al mismo tiempo ingenuo y amoral.

 junio 30 de 2017.



Lea también:

LR. El 2 mayo de 1992, el destacamento 
Colina secuestró y ejecutó a nueve campesinos de El Santa. 
Se trataba de un "encargo" que le dio el general Nicolás 
Hermoza al jefe operativo, el mayor Santiago Martin Rivas. 
Un empresario chino que enfrentaba una disputa por unos 
terrenos acusó falsamente a las víctimas de senderistas y pi
dió a un familiar cercano al general Hermoza que se hiciera 
cargo de los pobladores. El caso Pativilca se asemeja mucho 
a lo sucedido en El Santa. Entre uno y otro hecho de sangre 
solo hay cuatro meses de diferencia. Primero los torturaron 
con quemaduras de soplete en diferentes partes del cuerpo 
–incluido el ano–, los patearon hasta el cansancio y al final 
los eliminaron con balazos en la cabeza. Los cuerpos fueron 
lanzados en un cañaveral, a cinco minutos del anexo caraque
ño... Ampliar lectura.

lunes, 19 de junio de 2017

US$ 3 mil millones: ¡Que ofensa a la pobreza! US$ 1.250 millones: ¡Que descaro!

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene deudas por valor de al menos 315 millones de dólares, según su propia declaración de intereses presentada este mes de junio y que fue certificada y publicada este viernes por la Oficina de Ética del Gobierno. El principal acreedor del presidente es la rama norteamericana de Deutsche Bank, con 130 millones. Trump ha declarado bienes por valor de al menos 1.400 millones de dólares. El hoy presidente se negó a hacer pública esta declaración como precandidato, como candidato y una vez en la Casa Blanca, rompiendo con cuatro décadas de tradición de transparencia. 

Su propuesta fiscal le significaría un ahorro de más de 50 millones de dólares sobre su declaración de los bienes económicos, sin incluir los 1.200 millones de dólares que podría evitar pagar el presidente y la Organización Trump por los impuestos sobre sus propiedades, valoradas en 3.000 millones


Escribe:
Pablo Ximénez de Sandoval
Twitter Corresponsal de El País en California

La última declaración de intereses ante el Gobierno revela que su hotel en Washington ha ganado US$ 20 millones en 8 meses. Donald Trump, el viernes en la Casa Blanca. EFE

El santo grial de la política y el periodismo de Estados Unidos es la declaración de impuestos de Donald Trump. El hoy presidente se negó a hacer pública esta declaración como precandidato, como candidato y una vez en la Casa Blanca, rompiendo con cuatro décadas de tradición de transparencia. Solo con esos papeles se puede tener una idea competa de sus posibles conflictos de intereses.

Tener una imagen exacta de sus intereses es especialmente relevante en su caso, pues es el primer presidente que no viene de la política sino de un imperio inmobiliario y de entretenimiento con ramificaciones por todo el mundo. El informe revela que hasta el 19 de enero de 2017, el día antes de tomar posesión como presidente, Trump figuraba en 565 empresas, la mayoría en Estados Unidos pero también en Escocia, Irlanda, Canadá, Brasil, Bermudas y otros lugares.

A falta de esa fuente de información, el público solo tiene la declaración voluntaria de bienes que presenta el presidente a la Oficina de Ética del Gobierno. En el informe de 98 páginas publicado ayer, Trump revela al menos 594 millones en ingresos entre el año 2016 y la primera parte de 2017. El total de sus bienes tiene un valor de al menos 1.400 millones de dólares.

El informe, que se puede consultar online, no revela valores exactos de los bienes, las deudas y los ingresos. Las cantidades están expresadas en rangos como “entre 100.000 y 1.000.000” o “más de 50 millones”, por lo que dibuja una imagen poco precisa de la situación financiera del presidente.

La principal fuente de ingresos de Trump es su complejo de golf National Doral en Miami, que le ha reportado en este periodo 115,9 millones de dólares. El informe también revela que el último negocio de Trump, un hotel en el centro de poder de Washington, le ha reportado 20 millones de dólares en los ocho meses que lleva abierto, desde septiembre.

El antiguo Old Post Office, que hoy se llama Trump International Hotel, está bajo sospecha de ser el centro del lobbismo de la Casa Blanca y el lugar donde se quedan preferentemente las delegaciones diplomáticas. Trump se enfrenta a una demanda precisamente porque este tipo de ingresos pueden considerarse pagos de Gobierno extranjeros, que es anticonstitucional.

La última vez que Trump presentó un informe de bienes fue durante la campaña, en apenas unos folios donde se decía que su fortuna era de 10.000 millones de dólares. Esa cifra siempre ha estado bajo sospecha de estar exagerada, en parte por la propia historia del personaje.

"Trump tiene al menos 315 millones en deudas",
 escribe: Pablo Ximénez de Sandoval
El País, jun 17 de 2017.


Lea también: 
El imperio Trump, un gran beneficiado de la propuesta 
fiscal 
El País. La estimación del Times sugiere 
la existencia de un posible conflicto de interés en la propuesta del
republicano. Utilizando documentos de la última declaración fiscal
del presidente, que data del 2005, el ahorro podría ser de más de 50 
millones de dólares sobre su declaración de los bienes económicos.
Esa cifra no incluye los 1.200 millones de dólares que podría evitar
pagar el presidente y la Organización Trump por los impuestos sobre
sus propiedades, valoradas en 3.000 millones, según ha afirmado el
republicano repetidas veces... Ampliar lectura.

Trump usó métodos “dudosos” para evitar pagar
 impuestos, según el New York Times
El País. La respuesta de Donald Trump a
 la revelación de The New York Times de que podría haber evitado
 pagar impuestos federales durante dos décadas por declarar casi
 mil millones de dólares de pérdidas en los años 90 fue que eso
 muestra lo “listo” que es y que “nadie conoce mejor” que él el
 sistema impositivo. Pero ahora, el diario asegura que Trump usó
 unas maniobras tan “dudosas” para evitar pagar impuestos que
 hasta sus abogados le advirtieron de que, si las autoridades se
 ponían a investigarlo, le resultaría muy difícil justificarlas...

Miles de estadounidenses salen a la calle para pedir a 
Trump que revele sus impuestos 
El País. Donald Trump defiende que sus impues
tos no le interesan “a nadie más que a los periodistas” así que miles de
ciudadanos han elegido la fecha límite para hacer la declaración de la 
renta, este sábado, para demostrarle que se equivoca. Con manifesta
ciones en 150 ciudades de todo el país, las más numerosas en Washing
ton, Nueva York y Los Ángeles, miles de estadounidenses han vuelto a
salir a la calle en contra de su presidente. Los manifestantes que salie
ron a la calle este sábado —más de 5000 en Washington y Nueva York,
según Reuters— lo hicieron acompañados de pancartas y muñecos hin
chables en forma de gallinas con un tupé que emula al del presidente...
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lunes, 22 de mayo de 2017

Basta ya de chantajes, en tiempos de inmundicia política quer vivimos hoy, su condena dignifica al Perú

O sea, la señora hija con un habeas corpus, ¿pretende hacer como que los muertos no murieron, que lo robado no existió, que la inmoralidad y las ilegalidades y latrocionios cometidos por su señor padre nunca se dieron? ... Una cosa es ser hija y pretender buscar que tu padre, por ladrón y asesino que sea, no termine sus días en la cárcel, y otra cosa es que se use la política para limpiar a quien desprecia las leyes y pretende evadirse del castigo por los delitos cometidos, y que además disfrace sus intenciones de una falsa ¨operación rescate¨ de una vícitma, cuando en realidad es el victimario... Fujimori cometió muchos más delitos que aquellos por los que ha sido juzgado y condenado, y deberían darse por bien servidos de que hasta ahora no se le haya procesado por más. ¡Esta familia cree que sus dilemas privados son asuntos públicos! Que la ley no es para ellos! Keiko y sus hermanos investigados por lavado de activos, y su esposo y su asesor deciden no ir a declarar a la Fiscalía; Kenji pasa piola en caso cocaína en sus almacenes; y Alberto Fujimori, pese a que en juicio aceptó su condena, aún se sigue declarando inocente... ¿Alguien que tuitea, que sale a la clínica cuando quiere, que tiene cocina, comedor, hortalizas por prisión y encima se queja, merece más consideraciones? No, no solo no merece consideraciones especiales, cuando no tiene enfermedad terminal, no se arrepiente, no pide perdón, no paga indemnización. Merece una cárcel común, basta ya de privilegios. No importa el apellido: si también Humala, García y Toledo son encontrados culpables


Escribe: 
Claudia Cisneros

Veinticinco años de condena para quien destruyó la legalidad y moralidad de un país, para quien asesinó, dejó asesinar, mandó asesinar a peruanos, incluidos mujeres y niños, no es una larga condena. Teniendo en cuenta el agravante de que esa persona era a quien se le confiaron los destinos y decisiones más importantes del país, quien debía, en primer lugar, proteger a los peruanos y no mandarlos masacrar, masacrando el Estado de Derecho y los procedimientos legales que lo constituyen en una democracia, no es una larga condena. Veinticinco años en un departamento de lujo con comodidades que, ya quisiera el peruano promedio tener para sí y su familia, es una puñalada al principio de igualdad ante la ley. No me vengan con que se lo merece por ser presidente. El dictador argentino, Jorge Rafael Videla, murió en una prisión común cumpliendo su cadena perpetua. Fue presidente y cumplió su condena por delitos de lesa humanidad en cárcel común, como corresponde a cualquiera que delinque, sea paje o rey. ¿O acaso son palabras vacías decir que la justicia debe ser igual para todos? Porque en ese precepto se basa toda la concepción de justicia que tenemos. ¿Por qué se rompe con quien habiendo tenido el cargo de mayor responsabilidad de todo el aparato público, defraudó, traicionó, robó, mató? No me vengan con que hay que tener deferencia con alguien porque tuvo poder. Cuando es todo lo contrario: porque mal-usó ese poder delegado es que merece mayor sanción. Se le confió ese poder y abusó de él para su provecho y el de sus partidarios y para hacerse de más poder y quedarse en la presidencia haciendo y deshaciendo los destinos de tantos, el futuro de todos, desacatando leyes, descuartizando instituciones, cuando no descuartizando personas.

Los hijos de Fujimori tendrán todo el derecho que quieran de pedir su liberación por ser hijos. Pero ambos, Keiko y Kenji, no pueden sustraerse del hecho de que son también politicos, y de que actualmente tienen una fuerza partidaria que vienen usando en contra del gobierno, obstruyendo la gobernabilidad. Por tanto, podrán pedir lo que quieran en lo personal, pero el juicio que sobre ellos se hace es político porque ellos usan su activo político para sus fines privados. O sea, la señora hija con un habeas corpus, ¿pretende hacer como que los muertos no murieron, que lo robado no existió, que la inmoralidad y las ilegalidades y latrocionios cometidos por su señor padre nunca se dieron? No se pase, pues. Una cosa es ser hija y pretender buscar que tu padre, por ladrón y asesino que sea, no termine sus días en la cárcel, y otra cosa es que se use la política para limpiar a quien desprecia las leyes y pretende evadirse del castigo por los delitos cometidos, y que además disfrace sus intenciones de una falsa ¨operación rescate¨ de una vícitma, cuando en realidad es el victimario.

Tras el descarte de la ley Vieira, ahora, siguiendo con el típico libreto fujimorista de mentir al público, el proyecto que busca mutilar el tipo penal de “secuestro agravado” en favor de Fujimori lo ha presentado la inefable Vilcatoma (https://goo.gl/pb6xm4). Otra vez (oh casualidad) lo presenta alguien que no es de la bancada. Y ese proyecto pretende bajarse el principal motivo por el cual no le alcanza el indulto ordinario a Fujimori ¡Basta ya, fujimoristas y todos los que les deben favores o no tienen el mínimo aprecio por el Perú! No importa el apellido: si Humala, García y Toledo son encontrados culpables: ¡a la cárcel! ¡cárcel común! Nada de privilegios para quienes tomaron la presidencia y se hicieron de privilegios. Fujimori cometió muchos más delitos que aquellos por los que ha sido juzgado y condenado, y eso lo saben. Deberían darse por bien servidos de que hasta ahora no se le haya procesado por más. ¡Esta familia cree que sus dilemas privados son asuntos públicos! Que su padre merece una prisión de lujo, que la ley no es para ellos! Keiko (https://goo.gl/2wLql4) y sus hermanos (https://goo.gl/Cw0FzQ) investigados por lavado de activos, y su esposo (https://goo.gl/d5q4SG) y su asesor (https://goo.gl/ntF0PF) deciden no ir a declarar a la Fiscalía; Kenji pasa piola en caso cocaína en sus almacenes; y Alberto Fujimori, pese a que en juicio aceptó su condena, aún se sigue declarando inocente, despreciando así la justicia, sentándose en ella como quien cree estar por encima de ella. Jamás ha pedido un perdón contundente, veraz, auténtico, ni a las víctimas directas de sus crímenes ni al Perú que decía querer. ¿Eso es alguien arrepentido? ¿Eso es alguien que merece un perdón que ni siquiera pide? ¿Eso es alguien que respeta la justicia, el derecho, el castigo como medio de desincentivar el delito? ¿Alguien que tuitea, que sale a la clínica cuando quiere, que tiene cocina, comedor, hortalizas por prisión y encima se queja? No me vengan. Fujimori, en esas circunstancias no solo no merece consideraciones especiales, cuando no tiene enfermedad terminal, no se arrepiente, no pide perdón, no paga indemnización. Ya mucho engreimiento con un bribón. Merece una cárcel común, basta ya de privilegios. Basta ya de chantajes. Su condena dignifica al Perú.

 Título original: "Fujimori a cárcel común",
 mayo 21 de 2017.



Lea también:
 La normalización de lo abyecto
 LR. En una suerte de aceleración cuesta abajo 
o de regresión permanente, la sociedad peruana se levanta 
cada mañana un poco peor que el día anterior. Y se adapta. La 
censura, aberrante por donde se la mire, al ministro Saavedra, 
fue el campanazo... El Banco Mundial se apresuró a contratarlo 
para el cargo más importante en educación, pero... a Fuerza 
Popular le es ancho y ajeno.
El indulto al dictador encarcelado, Alberto Fujimori, se discute 

como si fuese lo más normal del mundo. Laura Bozzo regresa 
y vocifera sus habituales mentiras y despropósitos. Como si 
todos hubiésemos caído en una súbita amnesia. La fobia ultra
conservadora contra los grupos LGTBI es ahora un tópico. 
Pastores, sí pastores, religiosos los estigmatizan y algunos, 
como el infame Rodolfo Gonzales Cruz, piden a gritos que se 
los mate... Si no reaccionamos ahora, lo único seguro es que 
nos aguarda alguna salida extrema. Ustedes elijan de qué 
variante estamos hablando... Ampliar lectura.

martes, 2 de mayo de 2017

20 años después. De una interpretación 'auténtica', a una interpretación antojadiza de la Constitución

Respuesta intimidatoria a la decisión de declarar la matanza de El Frontón delito de lesa humanidad.

El fallo en cuestión no es ilegal. Se encuadra en el marco legal de las prerrogativas del TC que resolvió los pedidos de subsanación presentados por el Instituto de Defensa Legal (IDL), y del mismo Estado peruano, a través de la Procuraduría Supranacional del Ministerio de Justicia. Ambos pedidos realizados el año 2013 señalan la existencia de un error material en la sentencia del TC referido al caso, debido a que un magistrado había firmado dos resoluciones diferentes. El fallo del TC no anula su sentencia del año 2013, pero en vías de corrección debido a dicho error –que permitió que sin los votos necesarios se adopte una decisión– vuelve el caso a su condición de crimen de lesa humanidad cerrando la posibilidad de su prescripción.

En una interpretación antojadiza, la defensa de los marinos procesados por la matanza de El Frontón señala que los magistrados Miranda, Ramos, Espinoza y Ledesma han violado el precepto constitucional de la inmutabilidad de la cosa juzgada, al emitir una resolución en la que dejan sin efecto el enunciado de una sentencia anterior. 

El año 1997 el Congreso fujimorista destituyó a tres miembros del TC por señalar que la Ley de interpretación auténtica de la Constitución, relacionada con la reelección presidencial, no era aplicable a Alberto Fujimori.


Editorial de La República

Cumpliendo las amenazas que hiciera días antes el almirante (r) Luis Giampetri, un grupo de ex marinos ha acusado ante el Congreso a cuatro integrantes del Tribunal Constitucional (TC) que fallaron en favor de declarar los asesinatos de El Frontón de 1986 como delitos de lesa humanidad. La denuncia ha sido presentada ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, y si prospera estaríamos ante un golpe ilegal al máximo órgano de interpretación de la Constitución, 20 años después del reprobable atropello cometido por la mayoría parlamentaria del mismo grupo político.

El fallo en cuestión no es ilegal. Se encuadra en el marco legal de las prerrogativas del TC que resolvió los pedidos de subsanación presentados por el Instituto de Defensa Legal (IDL), y del mismo Estado peruano, a través de la Procuraduría Supranacional del Ministerio de Justicia. Ambos pedidos realizados el año 2013 señalan la existencia de un error material en la sentencia del TC referido al caso, debido a que un magistrado había firmado dos resoluciones diferentes. El fallo del TC no anula su sentencia del año 2013, pero en vías de corrección debido a dicho error –que permitió que sin los votos necesarios se adopte una decisión– vuelve el caso a su condición de crimen de lesa humanidad cerrando la posibilidad de su prescripción.

En una interpretación antojadiza, la defensa de los marinos procesados por la matanza de El Frontón señala que los magistrados Miranda, Ramos, Espinoza y Ledesma han violado el precepto constitucional de la inmutabilidad de la cosa juzgada, al emitir una resolución en la que dejan sin efecto el enunciado de una sentencia anterior.

Como se sabe, en la matanza de El Frontón, en junio de 1986, durante el primer gobierno de Alan García, murieron más de 130 personas, caso por el que están procesados 35 marinos que participaron en la operación. El proceso se inició en octubre pasado luego de 30 años de retraso y la fiscal Luz Ibáñez Carranza, que debió soportar en su momento diversas presiones y advertencias, ha señalado que no se está juzgando a los marinos que actuaron en defensa propia durante el motín terrorista, sino a quienes ejecutaron extrajudicialmente a los amotinados que salieron rendidos después de la 1:30 de la tarde del 19 de junio de 1986. En la acusación se señala que un grupo de internos salió con una bandera blanca, los oficiales seleccionaron a los cabecillas, los llevaron a las letrinas y los fusilaron.

Presentada la demanda al Congreso, varios legisladores han adelantado opinión, que coloca la denuncia en una línea que obliga a la defensa de la legalidad del TC y el respeto de sus fallos por parte de los poderes públicos. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que sin respetar esa autonomía para las decisiones jurisdiccionales del TC, el año 1997 el Congreso fujimorista destituyó a tres miembros del TC por señalar que la Ley de interpretación auténtica de la Constitución, relacionada con la reelección presidencial, no era aplicable a Alberto Fujimori.

 La República, abril 30
 de 2017