Hasta hace algunos meses se tenía en cuenta que los delitos de Fujimori hacían que el indulto común sea un imposible jurídico. A lo sumo, se buscaba demostrar, sin éxito, que el estado de salud del sentenciado justificaba el indulto humanitario. Hoy, las autoridades del Estado –Ejecutivo o Legislativo– así como los medios de comunicación hablan del tema con asombrosa ligereza. Las consideraciones jurídicas parecen no importar.
La discusión sobre justicia, legalidad y principios democráticos ha sido desplazada por un debate al mismo tiempo ingenuo y amoral: el análisis sobre las conveniencias políticas de la impunidad. Un gobierno que se presume maniatado por el fujimorismo querría resolver sus problemas sacrificando la legalidad y la dignidad democrática del país.
Como ha ocurrido siempre, hay grandes ausentes en esta discusión: las víctimas de los delitos de Alberto Fujimori. Ni el presidente ni sus ministros las han mencionado jamás. El indulto es sinónimo de perdón. Las autoridades tendrían que decir si se consideran con derecho a perdonar en lugar de las víctimas [y a asumir el perdon en lugar de un victimario inconfeso].
Escribe:
Salomón Lerner Febres
En el año 2009 la Corte Suprema de Justicia determinó que Alberto Fujimori era responsable de graves delitos de corrupción y contra los derechos humanos. Fujimori fue hallado responsable de homicidio calificado y secuestro agravado, entre otros delitos. La Corte Suprema precisó, además, que algunos de los delitos constituyen crímenes de lesa humanidad. Hace pocas semanas la Corte Suprema de Chile amplió los términos de la extradición de Fujimori de manera que pueda ser procesado por el “caso Pativilca”. Se trata del asesinato de seis personas en Barranca. La Corte chilena señaló que los casos “constituyen un ultraje a la dignidad humana y representan una violación grave y manifiesta de los derechos y libertades (...) por lo que se ha de reconocer su carácter de imprescriptibles, así como la imposibilidad de amnistiarlos.”
Hoy se vuelve a hablar de la posibilidad de un indulto a Alberto Fujimori. Ya ni siquiera se tiene el cuidado de hacer la distinción entre un indulto común y un indulto humanitario. Hasta hace algunos meses se tenía en cuenta que los delitos de Fujimori hacen que el indulto común sea un imposible jurídico. A lo sumo, se buscaba demostrar, sin éxito, que el estado de salud del sentenciado justificaba el indulto humanitario. Hoy, las autoridades del Estado –Ejecutivo o Legislativo– así como los medios de comunicación hablan del tema con asombrosa ligereza. Las consideraciones jurídicas parecen no importar. Nadie hace referencia concreta a los crímenes por los cuales Fujimori recibió una sentencia de 25 años. El compromiso de no indultarlo, que el presidente ha repetido muchas veces, parece no haber existido nunca. Ya no es mencionado.
La discusión sobre justicia, legalidad y principios democráticos ha sido desplazada por un debate al mismo tiempo ingenuo y amoral: el análisis sobre las conveniencias políticas de la impunidad. Un gobierno que se presume maniatado por el fujimorismo querría resolver sus problemas sacrificando la legalidad y la dignidad democrática del país.
Como ha ocurrido siempre, hay grandes ausentes en esta discusión: las víctimas de los delitos de Alberto Fujimori. Ni el presidente ni sus ministros las han mencionado jamás. Y están en la obligación moral de hacerlo, de consultarles su parecer. El indulto es sinónimo de perdón. Las autoridades tendrían que decir si se consideran con derecho a perdonar en lugar de las víctimas. Y tendrían que explicar al país de qué manera es que esto que creen ser su conveniencia política es compatible con sus obligaciones de hacer respetar el orden constitucional y, más elementalmente, de actuar con rectitud y honrar sus propios compromisos.
El presidente Kuczynski enfrenta una enorme responsabilidad. Los términos del dilema están claros: apegarse al orden jurídico y honrar su palabra, o reeditar el mensaje odioso de que nuestra democracia será siempre maleable y quebradiza cuando se trata de hacer cumplir la ley a los poderosos.La discusión sobre la justicia ha sido desplazada por un debate al mismo tiempo ingenuo y amoral.
Título original: "¿Han preguntado a las víctimas?",
junio 30 de 2017.
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LR. El 2 mayo de 1992, el destacamento Colina secuestró y ejecutó a nueve campesinos de El Santa.
Se trataba de un "encargo" que le dio el general Nicolás
Hermoza al jefe operativo, el mayor Santiago Martin Rivas.
Un empresario chino que enfrentaba una disputa por unos
terrenos acusó falsamente a las víctimas de senderistas y pi
dió a un familiar cercano al general Hermoza que se hiciera
cargo de los pobladores. El caso Pativilca se asemeja mucho
a lo sucedido en El Santa. Entre uno y otro hecho de sangre
solo hay cuatro meses de diferencia. Primero los torturaron
con quemaduras de soplete en diferentes partes del cuerpo
–incluido el ano–, los patearon hasta el cansancio y al final
los eliminaron con balazos en la cabeza. Los cuerpos fueron
lanzados en un cañaveral, a cinco minutos del anexo caraque
ño... Ampliar lectura.
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