La salvaje represión de Maduro en Venezuela



PURGATORUM

Las criaturas y el Juicio Final


Declaración de Chapultepec. Una prensa libre es condición fundamental para que las sociedades resuelvan sus conflictos, promuevan el bienestar y protejan su libertad. No debe existir ninguna ley o acto de poder que coarte la libertad de expresión o de prensa, cualquiera sea el medio de comunicación.

Resultado de imagen de Declaración de ChapultepecSIP. Porque tenemos plena conciencia de esta realidad, la sentimos con profunda convicción y estamos firmemente comprometidos con la libertad, suscribimos esta Declaración, con los siguientes principios:

➨ No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo.

➨ Toda persona tiene el derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente. Nadie puede restringir o negar estos derechos

➨ Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público. No podrá obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de información.

➨ El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad.

➨ La censura previa, las restricciones a la circulación de los medios o a la divulgación de sus mensajes, la imposición arbitraria de información, la creación de obstáculos al libre flujo informativo y las limitaciones al libre ejercicio y movilización de los periodistas, se oponen directamente a la libertad de prensa.

➨ Los medios de comunicación y los periodistas no deben ser objeto de discriminaciones o favores en razón de lo que escriban o digan… Ampliar lectura.


No existe la Ideología de género, acaso se refieren a la orientación de género. Quizá sea la identidad de género, un concepto básico para una educación con valores, que hará de los niños más tolerantes, con menos prejuicios, y con mayores libertades para valorar al prójimo y a sí mismos. Tal como el propio Cristo, de estar entre nosotros, hubiese querido de todos quienes suelen llamarse hijos del padre.

LR. La homosexualidad no es ninguna patología. La Asociación Psiquiátrica Americana eliminó en 1973 la homosexualidad de su lista de desórdenes psicopatológicos.

Sexo es un término biológico definido por las características físicas externas e internas del cuerpo humano como los genitales, cromosomas sexuales.

En tanto que el género es la construcción de la identidad basada en lo cultural, social y mental de la persona.

En cuanto a la ideología de género, las ciencias sociales no la conciben. Lo que sí está en las ciencias sociales, es la orientación de género.

Adjudicar el término ideología a un concepto científico en realidad implica una distorsión que solamente proviene de concepciones fundamentalistas, religiosas o de intenciones políticas que tergiversan el verdadero sentido del término género", precisó la especialista… Ampliar lectura.


Figari ya era un psicópata y acosador en los sesenta, antes de fundar el Sodalicio.

El Ojo de Mordor. La fiscal María del Pilar Peralta Ramírez, de la 26ª fiscalía provincial de Lima, cuya incompetencia e indolencia son tan grandes como su credo religioso, tampoco se preocupó en hurgar sobre lo que hacía Figari antes de fundar el Sodalitium, algo que considero capital para comprender el fenómeno. De haberlo hecho, se habría topado con que el susodicho ya tenía la pulsión del predador. Existen testimonios, en Caretas, por ejemplo, que documentan que Figari, con el pretexto de preparar a adolescentes para ingresar a la universidad, se los llevaba a una suerte de “retiro académico” de dos meses a su casa en San Bartolo. Y ahí les obligaba a dormir en ropa interior, para luego despertarlos a medianoche, y se metía en la ducha para observarlos. Entre otras cosas, imaginarán. Entonces, si Figari ya era un psicópata y acosador en los sesenta, antes de fundar el Sodalicio, cuando lo hizo, en diciembre de 1971, ¿no lo creó pensando en formar una fachada religiosa para continuar abusando de menores de edad?... Ampliar lectura.


lunes, 22 de mayo de 2017

Basta ya de chantajes, en tiempos de inmundicia política quer vivimos hoy, su condena dignifica al Perú

O sea, la señora hija con un habeas corpus, ¿pretende hacer como que los muertos no murieron, que lo robado no existió, que la inmoralidad y las ilegalidades y latrocionios cometidos por su señor padre nunca se dieron? ... Una cosa es ser hija y pretender buscar que tu padre, por ladrón y asesino que sea, no termine sus días en la cárcel, y otra cosa es que se use la política para limpiar a quien desprecia las leyes y pretende evadirse del castigo por los delitos cometidos, y que además disfrace sus intenciones de una falsa ¨operación rescate¨ de una vícitma, cuando en realidad es el victimario... Fujimori cometió muchos más delitos que aquellos por los que ha sido juzgado y condenado, y deberían darse por bien servidos de que hasta ahora no se le haya procesado por más. ¡Esta familia cree que sus dilemas privados son asuntos públicos! Que la ley no es para ellos! Keiko y sus hermanos investigados por lavado de activos, y su esposo y su asesor deciden no ir a declarar a la Fiscalía; Kenji pasa piola en caso cocaína en sus almacenes; y Alberto Fujimori, pese a que en juicio aceptó su condena, aún se sigue declarando inocente... ¿Alguien que tuitea, que sale a la clínica cuando quiere, que tiene cocina, comedor, hortalizas por prisión y encima se queja, merece más consideraciones? No, no solo no merece consideraciones especiales, cuando no tiene enfermedad terminal, no se arrepiente, no pide perdón, no paga indemnización. Merece una cárcel común, basta ya de privilegios. No importa el apellido: si también Humala, García y Toledo son encontrados culpables


Escribe: 
Claudia Cisneros

Veinticinco años de condena para quien destruyó la legalidad y moralidad de un país, para quien asesinó, dejó asesinar, mandó asesinar a peruanos, incluidos mujeres y niños, no es una larga condena. Teniendo en cuenta el agravante de que esa persona era a quien se le confiaron los destinos y decisiones más importantes del país, quien debía, en primer lugar, proteger a los peruanos y no mandarlos masacrar, masacrando el Estado de Derecho y los procedimientos legales que lo constituyen en una democracia, no es una larga condena. Veinticinco años en un departamento de lujo con comodidades que, ya quisiera el peruano promedio tener para sí y su familia, es una puñalada al principio de igualdad ante la ley. No me vengan con que se lo merece por ser presidente. El dictador argentino, Jorge Rafael Videla, murió en una prisión común cumpliendo su cadena perpetua. Fue presidente y cumplió su condena por delitos de lesa humanidad en cárcel común, como corresponde a cualquiera que delinque, sea paje o rey. ¿O acaso son palabras vacías decir que la justicia debe ser igual para todos? Porque en ese precepto se basa toda la concepción de justicia que tenemos. ¿Por qué se rompe con quien habiendo tenido el cargo de mayor responsabilidad de todo el aparato público, defraudó, traicionó, robó, mató? No me vengan con que hay que tener deferencia con alguien porque tuvo poder. Cuando es todo lo contrario: porque mal-usó ese poder delegado es que merece mayor sanción. Se le confió ese poder y abusó de él para su provecho y el de sus partidarios y para hacerse de más poder y quedarse en la presidencia haciendo y deshaciendo los destinos de tantos, el futuro de todos, desacatando leyes, descuartizando instituciones, cuando no descuartizando personas.

Los hijos de Fujimori tendrán todo el derecho que quieran de pedir su liberación por ser hijos. Pero ambos, Keiko y Kenji, no pueden sustraerse del hecho de que son también politicos, y de que actualmente tienen una fuerza partidaria que vienen usando en contra del gobierno, obstruyendo la gobernabilidad. Por tanto, podrán pedir lo que quieran en lo personal, pero el juicio que sobre ellos se hace es político porque ellos usan su activo político para sus fines privados. O sea, la señora hija con un habeas corpus, ¿pretende hacer como que los muertos no murieron, que lo robado no existió, que la inmoralidad y las ilegalidades y latrocionios cometidos por su señor padre nunca se dieron? No se pase, pues. Una cosa es ser hija y pretender buscar que tu padre, por ladrón y asesino que sea, no termine sus días en la cárcel, y otra cosa es que se use la política para limpiar a quien desprecia las leyes y pretende evadirse del castigo por los delitos cometidos, y que además disfrace sus intenciones de una falsa ¨operación rescate¨ de una vícitma, cuando en realidad es el victimario.

Tras el descarte de la ley Vieira, ahora, siguiendo con el típico libreto fujimorista de mentir al público, el proyecto que busca mutilar el tipo penal de “secuestro agravado” en favor de Fujimori lo ha presentado la inefable Vilcatoma (https://goo.gl/pb6xm4). Otra vez (oh casualidad) lo presenta alguien que no es de la bancada. Y ese proyecto pretende bajarse el principal motivo por el cual no le alcanza el indulto ordinario a Fujimori ¡Basta ya, fujimoristas y todos los que les deben favores o no tienen el mínimo aprecio por el Perú! No importa el apellido: si Humala, García y Toledo son encontrados culpables: ¡a la cárcel! ¡cárcel común! Nada de privilegios para quienes tomaron la presidencia y se hicieron de privilegios. Fujimori cometió muchos más delitos que aquellos por los que ha sido juzgado y condenado, y eso lo saben. Deberían darse por bien servidos de que hasta ahora no se le haya procesado por más. ¡Esta familia cree que sus dilemas privados son asuntos públicos! Que su padre merece una prisión de lujo, que la ley no es para ellos! Keiko (https://goo.gl/2wLql4) y sus hermanos (https://goo.gl/Cw0FzQ) investigados por lavado de activos, y su esposo (https://goo.gl/d5q4SG) y su asesor (https://goo.gl/ntF0PF) deciden no ir a declarar a la Fiscalía; Kenji pasa piola en caso cocaína en sus almacenes; y Alberto Fujimori, pese a que en juicio aceptó su condena, aún se sigue declarando inocente, despreciando así la justicia, sentándose en ella como quien cree estar por encima de ella. Jamás ha pedido un perdón contundente, veraz, auténtico, ni a las víctimas directas de sus crímenes ni al Perú que decía querer. ¿Eso es alguien arrepentido? ¿Eso es alguien que merece un perdón que ni siquiera pide? ¿Eso es alguien que respeta la justicia, el derecho, el castigo como medio de desincentivar el delito? ¿Alguien que tuitea, que sale a la clínica cuando quiere, que tiene cocina, comedor, hortalizas por prisión y encima se queja? No me vengan. Fujimori, en esas circunstancias no solo no merece consideraciones especiales, cuando no tiene enfermedad terminal, no se arrepiente, no pide perdón, no paga indemnización. Ya mucho engreimiento con un bribón. Merece una cárcel común, basta ya de privilegios. Basta ya de chantajes. Su condena dignifica al Perú.

 Título original: "Fujimori a cárcel común",
 mayo 21 de 2017.



Lea también:
 La normalización de lo abyecto
 LR. En una suerte de aceleración cuesta abajo 
o de regresión permanente, la sociedad peruana se levanta 
cada mañana un poco peor que el día anterior. Y se adapta. La 
censura, aberrante por donde se la mire, al ministro Saavedra, 
fue el campanazo... El Banco Mundial se apresuró a contratarlo 
para el cargo más importante en educación, pero... a Fuerza 
Popular le es ancho y ajeno.
El indulto al dictador encarcelado, Alberto Fujimori, se discute 

como si fuese lo más normal del mundo. Laura Bozzo regresa 
y vocifera sus habituales mentiras y despropósitos. Como si 
todos hubiésemos caído en una súbita amnesia. La fobia ultra
conservadora contra los grupos LGTBI es ahora un tópico. 
Pastores, sí pastores, religiosos los estigmatizan y algunos, 
como el infame Rodolfo Gonzales Cruz, piden a gritos que se 
los mate... Si no reaccionamos ahora, lo único seguro es que 
nos aguarda alguna salida extrema. Ustedes elijan de qué 
variante estamos hablando... Ampliar lectura.

martes, 2 de mayo de 2017

20 años después. De una interpretación 'auténtica', a una interpretación antojadiza de la Constitución

Respuesta intimidatoria a la decisión de declarar la matanza de El Frontón delito de lesa humanidad.

El fallo en cuestión no es ilegal. Se encuadra en el marco legal de las prerrogativas del TC que resolvió los pedidos de subsanación presentados por el Instituto de Defensa Legal (IDL), y del mismo Estado peruano, a través de la Procuraduría Supranacional del Ministerio de Justicia. Ambos pedidos realizados el año 2013 señalan la existencia de un error material en la sentencia del TC referido al caso, debido a que un magistrado había firmado dos resoluciones diferentes. El fallo del TC no anula su sentencia del año 2013, pero en vías de corrección debido a dicho error –que permitió que sin los votos necesarios se adopte una decisión– vuelve el caso a su condición de crimen de lesa humanidad cerrando la posibilidad de su prescripción.

En una interpretación antojadiza, la defensa de los marinos procesados por la matanza de El Frontón señala que los magistrados Miranda, Ramos, Espinoza y Ledesma han violado el precepto constitucional de la inmutabilidad de la cosa juzgada, al emitir una resolución en la que dejan sin efecto el enunciado de una sentencia anterior. 

El año 1997 el Congreso fujimorista destituyó a tres miembros del TC por señalar que la Ley de interpretación auténtica de la Constitución, relacionada con la reelección presidencial, no era aplicable a Alberto Fujimori.


Editorial de La República

Cumpliendo las amenazas que hiciera días antes el almirante (r) Luis Giampetri, un grupo de ex marinos ha acusado ante el Congreso a cuatro integrantes del Tribunal Constitucional (TC) que fallaron en favor de declarar los asesinatos de El Frontón de 1986 como delitos de lesa humanidad. La denuncia ha sido presentada ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, y si prospera estaríamos ante un golpe ilegal al máximo órgano de interpretación de la Constitución, 20 años después del reprobable atropello cometido por la mayoría parlamentaria del mismo grupo político.

El fallo en cuestión no es ilegal. Se encuadra en el marco legal de las prerrogativas del TC que resolvió los pedidos de subsanación presentados por el Instituto de Defensa Legal (IDL), y del mismo Estado peruano, a través de la Procuraduría Supranacional del Ministerio de Justicia. Ambos pedidos realizados el año 2013 señalan la existencia de un error material en la sentencia del TC referido al caso, debido a que un magistrado había firmado dos resoluciones diferentes. El fallo del TC no anula su sentencia del año 2013, pero en vías de corrección debido a dicho error –que permitió que sin los votos necesarios se adopte una decisión– vuelve el caso a su condición de crimen de lesa humanidad cerrando la posibilidad de su prescripción.

En una interpretación antojadiza, la defensa de los marinos procesados por la matanza de El Frontón señala que los magistrados Miranda, Ramos, Espinoza y Ledesma han violado el precepto constitucional de la inmutabilidad de la cosa juzgada, al emitir una resolución en la que dejan sin efecto el enunciado de una sentencia anterior.

Como se sabe, en la matanza de El Frontón, en junio de 1986, durante el primer gobierno de Alan García, murieron más de 130 personas, caso por el que están procesados 35 marinos que participaron en la operación. El proceso se inició en octubre pasado luego de 30 años de retraso y la fiscal Luz Ibáñez Carranza, que debió soportar en su momento diversas presiones y advertencias, ha señalado que no se está juzgando a los marinos que actuaron en defensa propia durante el motín terrorista, sino a quienes ejecutaron extrajudicialmente a los amotinados que salieron rendidos después de la 1:30 de la tarde del 19 de junio de 1986. En la acusación se señala que un grupo de internos salió con una bandera blanca, los oficiales seleccionaron a los cabecillas, los llevaron a las letrinas y los fusilaron.

Presentada la demanda al Congreso, varios legisladores han adelantado opinión, que coloca la denuncia en una línea que obliga a la defensa de la legalidad del TC y el respeto de sus fallos por parte de los poderes públicos. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que sin respetar esa autonomía para las decisiones jurisdiccionales del TC, el año 1997 el Congreso fujimorista destituyó a tres miembros del TC por señalar que la Ley de interpretación auténtica de la Constitución, relacionada con la reelección presidencial, no era aplicable a Alberto Fujimori.

 La República, abril 30
 de 2017