Yedamel no entiende porque el Estado lo desdeña. Tiene todos los metales que a este le interesa en la sangre.

"Viva, soy rico mamá grande, yo tengo metales pesados  ¿A cuánto los venderé?", el niño piensa, pero no sabe lo que dice.  

"Él no sabe que eso es una enfermedad para siempre, para su eterno. No solo para él, para sus hijos_, dice Melchora mientras aprieta los ojos llenos de lágrimas y de rabia_, vayamos donde vayamos, ya somos papa agusanada. ¿Adónde voy a escapar?" 

En la orina de Santusa Ñoñonca se hallaron arsénico, cadmio y plomo, metales altamente cancerígenos

Por: Gabriel Arriarán y Milagros Salazar
Convoca.pe

–Mamá grande, yo tengo metales pesados. ¿A cuánto los venderé? (…) El niño no sabe que eso es una enfermedad para siempre, para su eterno (sic). No solo para él, para sus hijos –dice Melchora Surco Rimachi mientras aprieta los ojos llenos de lágrimas y de rabia–. El niño piensa “soy rico” porque tengo metales pesados, pero él no sabe lo que dice.

Melchora reclama, Melchora se indigna, Melchora se quiebra y aun así sale al frente. Ella es la abuela de Yedamel López Champi, un niño que nació en la provincia de Espinar, en Cusco, y cuando apenas tenía siete años de edad las autoridades del sector Salud encontraron en su orina metales pesados como el plomo, el arsénico, el cadmio y el mercurio, los cuatro calificados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como altamente cancerígenos para el ser humano. También encontraron en esta prueba de laboratorio rastros de metales tan raros como el molibdeno, el cobalto, el estroncio, el cesio y el tungsteno.

En octubre de 2010 el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (Censopas), que depende del Ministerio de Salud, recogió muestras de sangre y orina de cientos de pobladores de las comunidades de Huisa y Alto Huancané, ubicadas entre los ríos Salado y Cañipía, y a pocos metros de las operaciones de la entonces minera Xstrata Tintaya, que en mayo de 2013 se fusionó con Glencore, el gigante suizo que controla el 50% del mercado mundial de cobre. En 2013, Censopas recogió nuevas muestras para otro informe, entre las que aparecían las del pequeño Yedamel que hoy tiene 10 años de edad y ya no vive en la comunidad campesina Alto Huancané, donde creció. Su familia lo llevó a la ciudad de Espinar, para evitar que siga exponiéndose a la contaminación como varios otros pobladores. Ellos son los refugiados ambientales, los que viven la misma incertidumbre de las mujeres, hombres, niños y ancianos que no han podido huir.

–Vayamos donde vayamos ya tenemos metales, ya somos papa agusanada. ¿Adónde voy a escapar? –pregunta Melchora a sus 60 años en nuestra visita a Espinar, adonde Convoca llegó con el diario La República para investigar el impacto ambiental de la actividad minera en estas comunidades cusqueñas.

Este equipo accedió a nuevos documentos y los resultados de laboratorio de más de 100 pobladores que autorizaron su difusión, y que forman parte del estudio realizado por Censopas en 2013. Las cifras fueron llevadas al Excel para establecer nuevos hallazgos que luego se confrontaron con médicos, toxicólogos y los funcionarios involucrados. Esta es la primera parte de una investigación que revela que han pasado cinco años en los que las negligencias y medias verdades impidieron que los comuneros de Espinar, incluso, encontraran una solución médica por su cuenta.

Cuerpos de minerales 

 

Los excesos de metales contaminantes en los cuerpos de cientos de pobladores de Alto Huancané y Huisa han sido largamente probados en dos informes de Censopas. Lo que esta institución encontró en su primer estudio de 2010 fue el detonante de un conflicto social con muertos y heridos en Espinar que, aún hoy, no tiene solución: el 100% de las personas que fueron sometidas al examen estuvieron expuestas a arsénico (332 muestras), mercurio (231), cadmio (254) y plomo (492), mientras que 29 de estas muestras superaron los parámetros establecidos por la Organización Mundial de Salud para arsénico, 24 para mercurio, 11 para cadmio y 9 para plomo. Estos pobladores, sin embargo, no llegaron a saber que tenían metales pesados sino hasta mayo de 2013. Y nunca lo hubieran sabido si es que el proyecto minero Quechua, subsidiaria de la cuprífera japonesa Pan Pacific, no le hubiese encargado a Censopas hacer este estudio como parte de sus actividades de exploración debido a que la zona de influencia se superponía a las operaciones de la mina Tintaya.

En 2013, Censopas hizo un nuevo estudio por encargo de la mesa de diálogo de Espinar, que se creó para dar solución al conflicto social. Esta vez se recogieron 180 muestras de orina. Entre ellas, la de Yedamel. En todas se detectaron excesos en por lo menos uno de los diecisiete metales analizados, y en 52 casos se hallaron niveles por encima de los parámetros de la OMS. Los minerales más recurrentes fueron arsénico y plomo. Ambos se registraron en 32 casos de acuerdo a un análisis realizado por Convoca a partir de los resultados de los laboratorios del CDC (Center for Disease Control and Prevention) de los EEUU, adonde Censopas envió las muestras luego de recolectarlas en enero de 2013.

El análisis confirmó lo que ya se sabía desde 2010 para el plomo, el arsénico, el mercurio y el cadmio. Pero, además, arrojó resultados sorprendentes sobre la exposición de las comunidades de Espinar a sustancias como el uranio y el molibdeno, y otras nueve sustancias para las que los donantes de muestras no habían suscrito consentimientos informados.

De los 17 metales, las evaluaciones consentidas de seis sustancias fueron entregadas a los pobladores luego de que se hicieron públicos en la mesa de diálogo, en agosto de 2013, mientras que los otros 11 quedaron en poder de Censopas, y no se entregaron hasta diciembre de 2014.

Las personas examinadas recibieron las constancias de los resultados sin sellos. La doctora María del Carmen Gastañaga, quien era la directora de Censopas cuando se hizo el estudio de 2010, dijo a Convoca que esta institución solo sirvió de intermediaria entre el CDC y los investigadores Carlos Sánchez Zavala y Fernando Osores, quienes estuvieron a cargo del trabajo. Sánchez dijo que eso era “totalmente falso”.

“Nos han mandado (los resultados) así como burla, sin firma”, dice Santusa Noñonca de Kana, que vive a 360 metros de la presa de relaves de Camaccmayo en Alto Huancané. Las filtraciones de agua amarillenta están empozadas en el patio y uno de los cuartos de la casa de Santusa. “Yo le he preguntado al señor Pulgar Vidal (ministro del Ambiente): ¿Así con esta filtración, con esta agua apestando, así vamos a vivir?, ¿y a cuánto de kilometraje tiene que vivir de la relavera la gente?”, cuenta Santusa al recordar que el ministro visitó su casa.
Continuará...

"Pese a las pruebas médicas, el Gobierno
 obvió las evidencias en el caso Espinar",

publicado por: La República, noviembre 24 de 2015 

 Enlace relacionado:  

Comunera de Espinar sí estaba contaminada con plomo y arsénico. 
Los niveles de metales pesados superaban los máximos

 permisibles. Sus hijos afirman que murió abandonada por el Estado.

Corderos del infierno

“Cuando Figari supuestamente trató de sodomizar a Santiago por primera vez, tuvo dificultades en la penetración. En ese momento, con la frialdad de un cirujano, se detuvo, se dirigió a su mesa de noche, abrió el cajón y sustrajo de ahí un pomo de vaselina para continuar con su ritual envenenado. ‘Lo más extraño de todo es que mientras iba penetrándome pedía que me masturbara. Y algo más extraño todavía: después de todo esto me pidió que lo acompañara a misa’.” Este tipo de depredadores sexuales eclesiales, al estilo Maciel, Karadima o Figari, “no se valen de la violencia, sino que recurren a las suaves formas de la seducción basada en su carisma personal para vencer la resistencia interior de sus víctimas y finalmente lograr un consentimiento supuestamente libre"... cuando el pederasta cree que su víctima está a punto, lo testea para ver si cae y cruza la raya. 

Escribe:
Pedro Salinas

Hay que tener cierto empaque para entrarle al tema de la pederastia. Y yo, la verdad, no creo tenerlo. Sin embargo, durante los últimos cuatro años y pico me la he pasado, durante mis ratos libres, haciendo una investigación sobre el tópico. Y claro. Por momentos he sentido la necesidad de zamparme un Gravol o cualquier otro medicamento antiemético para evitar las náuseas. Porque la literatura y las películas que abordan estos casos, así como las entrevistas con personas que han sido abusadas sexualmente siendo menores de edad, lo dejan a uno abatido anímicamente. Y psicológicamente, que también.

Acabo de terminar de ver, por ejemplo, Obediencia perfecta, una película basada en la historia del sacerdote mexicano Marcial Maciel, el peor monstruo que ha parido la iglesia católica en América Latina, quien fundó a los Legionarios de Cristo, y fue una suerte de protegido de Juan Pablo II. El otro filme que vi, de mejor factura que el anterior, fue El Bosque de Karadima, inspirado en el segundo depredador sexual más representativo de la región: el cura chileno Fernando Karadima.

Y claro. Ahora que acabo de rematar la investigación sobre Luis Fernando Figari, fundador del Sodalicio de Vida Cristiana, una institución católica de raíces peruanas, y que he realizado con el apoyo invalorable de mi amiga y colega Paola Ugaz, y de muchas otras personas que han preferido mantener sus identidades en reserva, uno no puede dejar de inferir un dato curioso. Estos tres líderes religiosos y animadores de agrupaciones cristianas exitosas, y que jamás se han conocido entre sí, cuando han querido seducir a los menores de edad que captan a través de retiros y actividades aparentemente inocentes, han usado los mismos métodos. O han empleado estrategias similares. Como si existiese un manual de pederastia clerical.

Supongo que parte de la explicación tiene que ver con el sistema de reclutamiento y formación, que implica la sustitución gradual de la familia y la destrucción de la figura paterna; con la estructura y diseño de la organización, que en los casos que aludo, han sido verticales y totalitarias; con la inoculación de ideas condimentadas de citas bíblicas que enfatizan que el máximo rigor físico, el trato vejatorio y la obediencia ciega santifican. Y así.

Otras coincidencias entre Maciel, Karadima y Figari es la obsesión de reclutar jóvenes de buena apariencia, y si provienen de familias adineradas, mejor; el culto a la personalidad que propician para que sean venerados como semidioses; diversas fórmulas de coerción psicológica. Y en ese plan.

El abuso, por cierto, no es inmediato. Las técnicas de engatusamiento pueden durar varios años. Porque el pedófilo religioso está premunido de la paciencia del cazador. Y mientras más tiernos los adeptos, los procesos de encandilamiento permiten moldearlos, con el paso del tiempo, según el modelo que persigue el pederasta confesional. Así las cosas, detrás de una agrupación católica, hipotéticamente creada para hacer el bien, puede esconderse una maquinaria perversa de dominación y sometimiento de la voluntad que puede llegar a aniquilar la individualidad y la libertad de las personas.

O como dice uno de los personajes abusados del filme sobre Karadima: “El padre no me arrebató mi libertad, sino que lo hizo de tal forma que yo se la fui entregando poco a poco”.

Y es que este tipo de depredadores sexuales eclesiales, al estilo Maciel, Karadima o Figari, “no se valieron de la violencia, sino que recurrieron a las suaves formas de la seducción basada en su carisma personal para vencer la resistencia interior de sus víctimas y finalmente lograr un consentimiento supuestamente libre. Nadie las obligó, dicen los detractores. Ignoran el inmenso poder que se puede obtener mediante la manipulación sicológica”, como anota el exsodálite Martín Scheuch en las páginas de Exitosa (7.10.2015).

Y cuando el pederasta cree que su víctima está a punto, lo testea para ver si cae y cruza la raya. Por lo menos eso es lo que se deduce del caso Figari y sus tácticas depravadas que terminaban eventualmente devorando a su presa. Como le ocurrió a Santiago (nombre ficticio), quien decidió romper su silencio.

“Cuando Figari supuestamente trató de sodomizar a Santiago por primera vez, tuvo dificultades en la penetración. En ese momento, con la frialdad de un cirujano, se detuvo, se dirigió a su mesa de noche, abrió el cajón y sustrajo de ahí un pomo de vaselina para continuar con su ritual envenenado. ‘Lo más extraño de todo es que mientras iba penetrándome pedía que me masturbara. Y algo más extraño todavía: después de todo esto me pidió que lo acompañara a misa’” (extracto de Mitad monjes, mitad soldados, el libro que presento el jueves próximo).

Y es que el abuso de poder, como en estos casos, puede derivar en abusos sexuales a menores. Es así.

Pedro Salinas. "Pederastia de manual", publicada por 

La República, octubre 18 de 2015

Lea también:

"Asociaciones lícitas para delinquir"

En otra oportunidad pasó lo siguiente, dice Santiago:

"Estábamos solos. [Figari] entró a su cuarto de donde

sacó un palo. Con el rostro adusto me dijo: ¡Levántate! 

Puso el palo en el sofá y dijo: Ahora siéntate encima. 

Figari le preguntó: ¿Te gustó? Acto seguido le mostró

un crucifijo". ["Se rompe el silencio", publicado por: 

La República, octubre 18 de 2015]

Lea también:
"Se debe establecer si ha habido delito de ocultamiento de 

denuncias. No puede ser que solo las hayan recibido y no 

hayan hecho nada más. ¿Por qué no fueron al juez a denunciar 

estos terribles actos que vinculan al fundador del Sodalicio, 

Luis Fernando Figari (quien vive en una comunidad de su 

institución en Roma lejos de la vida pública)?"

 ["Caso Sodalicio: denuncian a Cipriani por encubrimiento", 

La República, octubre 24 de 2015]

Con mi sangre chispeada en las paredes

“Dijo la enfermera: ‘Tiene que ligarse para que ya no tenga tantos hijos. Usted tiene demasiados hijos, ya está teniendo como un animal, como cuy’…” “Si usted no se hace ligar, a nosotros no nos van a pagar... porque es una ley que ha venido, y las autoridades nos están amenazando” “...yo ya con el miedo, pues, como ya tenía bastantes hijos no sabía qué hacer. Mi esposo: ‘Bueno, ya, ¿qué vamos a hacer? Si Dios quiere que te salves, te salvarás’. Clotilde sufrió una infección tras la operación, ... un largo hilo había quedado olvidado dentro de la herida...

Por: Roxana Olivera

"El hilo negro asomaba aquí, por este huequito"

Bajo la sombra de un árbol de palta en un caserío de la sierra norte del país, *Clotilde, de 53 años de edad, recuerda con tristeza las visitas que le hacía a su casa una enfermera desconocida en el año 1996. Su hijo menor tenía apenas un año de nacido. Por eso ella recuerda el año en el que tuvo esos desagradables encuentros con el personal médico del Ministerio de Salud de aquella época.

“La enfermera me dijo: ‘Tiene que ligarse para que ya no tenga tantos hijos. Usted tiene demasiados hijos, ya está teniendo como un animal, como cuy’…”, cuenta Clotilde secando con un pañuelo bordado a mano las gotas de sudor que se asoman por su frente en este agobiante calor.

“Si usted no se hace ligar, a nosotros no nos van a pagar. Nos van a negar nuestro sueldo, porque es una ley que ha venido. Las mujeres tienen que ser ligadas… y las autoridades nos están amenazando”, le advirtió la enfermera.

Mientras ella más se resistía, más agresiva se volvía la enfermera en su misión.

Clotilde coloca cuidadosamente el pañuelo sobre sus faldas, respira profundamente y prosigue con su testimonio: “Bueno, yo ya con el miedo, pues. Como ya tenía bastantes hijos no sabía qué hacer. La enfermera habló con mi esposo. Mi esposo primero no quería, pero después dijo: ‘Bueno, ya, ¿qué vamos a hacer? Si Dios quiere que te salves, te salvarás. Y si no, ya pues, ¿qué se va a hacer?’”

La enfermera no vaciló ni un segundo. Puso un papel ante ellos. Clotilde no firmó. Lo hizo su esposo.

Al poco tiempo llegó la ambulancia. Clotilde, junto con otras 5 campesinas del lugar, fue trasladada al Hospital Rural de Huancabamba, Piura, donde la sometieron a una ligadura de las trompas de Falopio.

Nunca olvidará lo que vivió allí.

Al despertarse de la operación, Clotilde notó que toda la pared estaba ‘chispeadita’ de sangre y que a su alrededor deambulaban varios jóvenes: “A nosotras nos ligaron estudiantes que venían a hacer sus prácticas de Medicina. Como éramos campesinas, estaban practicando con nosotras. Prácticamente eso era, pues”, exclama.

Luego Clotilde sufrió una infección, acompañada por ardor vaginal, agudos dolores de cabeza e inaguantables hincones en el vientre. Resulta que un largo hilo había quedado olvidado dentro de la herida. Clotilde se pone de pie, se levanta la blusa y muestra la cicatriz que desde hace casi 18 años lleva en el vientre. Afirma indignada: “Imagínese el corte, de aquí a acá. El hilo se asomaba como algo negrito así por este huequito de acá. ¿Cómo iba a quedar bien uno después de tal brutalidad que se nos hizo? ¡Cuántas mujeres ligadas de mi comunidad hemos quedado mal! ¡Y cuántas ya han muerto!”.

En 1996, durante el segundo gobierno de Alberto Fujimori, se implementó el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar como política pública para frenar la natalidad, combatir la pobreza y promover el desarrollo del país.

Más de 300.000 mujeres, mayoritariamente analfabetas —o con niveles bajos de escolaridad— que vivían en las comunidades más pobres y alejadas del país fueron esterilizadas a la fuerza (o coaccionadas con engaños, amenazas y chantajes) como parte del Programa. Se estima que 18 de ellas fallecieron como resultado de estas prácticas.

En Huancabamba, Piura, región del país donde la campaña fujimorista de esterilizaciones se implementó con una notable agresividad, aproximadamente 3.000 mujeres —y, de ellas, Clotilde— fueron esterilizadas a la fuerza.

Según documentos fehacientes, hechos públicos por El Comercio y el documental Nada Personal, el gobierno imponía cuotas obligatorias de esterilizaciones en esa localidad. Por ejemplo, un memorándum del 12 de octubre de 1997, firmado por el director del Centro de Salud de Huancabamba, y con el sello de la Dirección Regional de Piura, amenaza con despedir al personal que no logre las cuotas impuestas.

En el documento se lee: “Se les comunica que deben captar dos pacientes para AQV durante el presente mes de octubre con el carácter de obligatoriedad. En caso contrario se hará el informe correspondiente para rescindir su contrato, suspender su ampliación de horario e incluir todo en su legajo personal”.

Una vez puesto en marcha el proyecto gracias al financiamiento de USAID, el gobierno exigía cuotas en todo el país, no solo en Huancabamba. En el documental Forced Sterilisations, entrevistas realizadas a un sacerdote en Huancavelica y a proveedores públicos de salud tanto en Cusco como en Huancavelica dan cuenta de su existencia y de la política estatal vigente entre los años 1996 y 2000.



Pese a todas las denuncias y pruebas contundentes que dan cuenta de una clara política pública en torno a la promoción de las esterilizaciones, el Estado peruano niega la existencia de tales cuotas

Otro hallazgo, esta vez de La República, es la carta SA-DM-N 0818/97 que el ministro de Salud de turno, Marino Costa Bauer, envió al entonces presidente Alberto Fujimori, en la cual le informa del mencionado plan nacional. Sostiene en la carta: “Para los primeros siete meses del año se ha alcanzado un acumulado total de 64.831 AQV (Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria), lo cual nos estima en 43% de la meta fijada en 150.000 para el 2007. Sólo julio asciende a 12.635, ligeramente inferior a la de junio, que fue de 13.485, disminución que se explica por las semanas de Fiestas Patrias en las que no se hicieron campañas” (destacados en el original).

Sin duda, el testimonio de Clotilde se hace eco en la carta de Bauer a Fujimori y en ese conciso y categórico memorándum.

Pese a todas las denuncias y pruebas contundentes que dan cuenta de una clara política pública en torno a la promoción de las esterilizaciones, el Estado peruano niega la existencia de tales cuotas.

Se debe recordar que, en 2003, de acuerdo con una solución amistosa entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado peruano, este último se comprometió a investigar, juzgar y sancionar a los presuntos responsables de la muerte de María Mamérita Mestanza, hoy víctima emblemática de la esterilización forzada en Cajamarca.

Según el acuerdo, el Estado peruano se comprometió no solo a investigar a los autores directos, sino también a los cómplices, a los autores mediatos involucrados en el caso. Asimismo, se comprometió a investigar otros casos de esterilizaciones forzadas en el país.

A partir de esa solución amistosa se inicia la primera investigación fiscal, que fue archivada en 2009, durante el gobierno de Alan García.

En noviembre de 2012 se reabre la investigación fiscal. Involucra a más de 2.000 casos de mujeres denunciantes a nivel nacional. Alberto Fujimori no figuraba en la investigación.

Apenas el 23 de noviembre del 2013 el fiscal provincial titular Marco Guzmán Baca, de la Segunda Fiscalía Supraprovincial de Lima, lo incluye en la investigación. “Él mismo dijo que hay indicios que vinculan al expresidente”, explica Sigfredo Florián, abogado del IDL, quien, mano a mano con Demus, patrocina los casos.

El abogado agrega que, curiosamente, el 22 de enero del 2014, apenas mes y medio más tarde, el mismo fiscal emite una resolución que pone fin a las investigaciones. En la resolución, Guzmán Baca indica que no hubo una política de esterilizaciones forzadas por parte del Estado peruano durante el gobierno de Alberto Fujimori.

¿Qué otras investigaciones hizo Guzmán Baca, además de apenas tomarle una declaración a Fujimori, para decidir que no hubo una política de esterilizaciones forzadas del Estado peruano durante el gobierno de Fujimori y proceder a archivar el caso que comprometía al expresidente, a los exministros de salud Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong, a sus asesores y al directorio involucrado en el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar?

“El Estado peruano sencillamente no ha cumplido con el acuerdo de solución amistosa”, señala Florián.

Los nombres de las víctimas de la campaña de esterilizaciones llenan 19 de las 131 páginas de la resolución de Guzmán Baca. En ella, él solo hace referencia a casos de Piura, Cajamarca y Cusco. No menciona otras zonas del país como Ayacucho, Huánuco y Huancavelica, que también forman parte de la investigación. Sin embargo, archiva el caso. ¿Qué pasó con la investigación en las otras zonas?

En la página 131 de esta sorprendente resolución se lee: “Con la presente Resolución Fiscal se da por cumplida la misión encomendada por Resolución de la Fiscalía de la Nación Nro. 1676-2013-MP-FN de fecha 14 de junio del año 2013”. Florián se pregunta: “¿Cuál fue realmente la misión que se le encomendó al fiscal? Ésa es una gran pregunta para una gran respuesta, ¿no?”.

Al igual que Florián, Rossy Salazar, representante legal de Demus, cuestiona enfáticamente la decisión del Ministerio Público: “Existen indicios suficientes para que el fiscal haya podido denunciar los hechos que le sucedieron a las mujeres como lesiones graves en el marco de un crimen de lesa humanidad. Nuestras patrocinadas y sus familiares rechazan esta decisión con indignación, porque hasta la fecha nadie les permite acceder a justicia y reparación”

Una de las primeras en denunciar estos casos en Anta, Cusco, fue la parlamentaria Hilaria Supa. Lo que ocurrió allí le queda muy claro, ya que a ella trataron de esterilizarla. Hoy, ella se pregunta: “¿Ese programa de planificación familiar no fue más bien un plan que tenía como objetivo exterminar a la población indígena y campesina?”.

Sobre la resolución del fiscal Guzmán Baca, Supa habla de manera clara y precisa: “Repudio este hecho y lo seguiré repudiando porque esta resolución no tiene ningún sustento. Analizando bien esta decisión, yo creo que ésta es una muestra más de discriminación, de odio y menosprecio hacia la población indígena”.

Mientras el Estado peruano responde con indiferencia e impunidad, las víctimas persisten incansablemente en buscar la verdad, justicia y reparación.

*Clotilde es un nombre ficticio.

Publicación de Revista Ideele: Esterilizaciones forzadas: 

El encubrimiento continúa, marzo de 2014

El 20 de enero de 2015, el Fiscal Superior Penal, 

Luis Landa Burgos, resolvió declarar fundado 

el recurso de queja presentado por el IDL y DEMUS, 

disponiendo la ampliación de la investigación 

preliminar del caso por tres meses. En el mes 

de mayo de 2015 la Fiscal Supraprovincial 

Penal de Lima, Marcelita Gutiérrez, asume 

la investigación del caso. Dicha fiscal ha 

dispuesto la ampliación de las investigaciones. 

Amplíe la lectura en: "El caso de las esterilizaciones 

forzadas de mujeres", por: Carlos Rivera Paz, 

Justicia viva, octubre 15 de 2015). 

"...era una política nacional de control demográfico, 

...lo que ha dicho Keiko Fujimori es inaudito. 

No puede culpar a los médicos cuando las esterilizaciones 

se trataron de una política de Estado", Manuel Girón, 

ex director del centro de Salud Materno Infantil de Castilla, Piura. 

Ampliar lectura en: "Médicos testifican que la esterilización 

masiva fue política de gobierno de Fujimori", 

La República, octubre 18 de 2015.

Berenice: entre el resplandor, la niebla y la otra orilla

Iguala sigue en las noticias un año después de la desaparición de los 43 estudiantes: la explicación del gobierno de que las cenizas de los jóvenes fueron tiradas en Cocula es cuestionada por expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos después de una investigación de seis meses. Animados por la repentina atención a las desapariciones, las familias de Cocula comenzaron a dejar el angustiante silencio y a salir a la luz pública, junto con cientos de otras familias del estado sureño de Guerrero. Hablaron entre ellos de su desgracia y firmaron listas con los nombres de sus seres queridos que se sumaron al creciente registro de más de 25.000 personas reportadas como desaparecidas en todo el país desde 2007. 

¿Dónde están? A raíz de la desaparición de los 43 estudiantes de Iguala, hace exactamente un año, se han multiplicado las denuncias por secuestros, capturas y otras desapariciones. Foto: AP

Por: Christopher Sherman.
Associated Press

La mañana de su graduación del bachillerato, un tiroteo en el centro de la ciudad hizo que Berenice Navarijo Segura retrasara su salida para ir a peinarse y maquillarse.

Su madre se había levantado antes del amanecer a preparar la barbacoa de chivo y frijoles para la celebración, y no quería que su hija se arriesgara a salir. Su hermana, que había preparado suficiente salsa para los 60 invitados, intentó demorar a la animada joven de 19 años haciéndole preguntas:

–“‘Bere’... ¿‘tu cartera’?”

–“Bere, ¿tu celular?”

Su familia llamaba “Princesa” a Berenice. Ella ya había pagado el dinero para peinarse y estaba decidida a verse muy bien ese día. Acostumbrada a evitar las balaceras en una región plagada por los carteles de las drogas, Bere esperó solo 20 minutos después de que pararon los disparos y antes de salir de casa prometió que regresaría rápido.

Subió a la parte trasera de la motocicleta de su novio, se fue y al poco tiempo se sumó a la lista de los desaparecidos en México.

Dieciséis personas más, incluido el novio de Berenice, desaparecieron en Cocula ese mismo día, el 1 de julio de 2013, poco más de un año antes de que 43 estudiantes normalistas fueran detenidos por la policía en esta comunidad cercana de Iguala y nunca se volviera a saber nada más de ellos.

Durante todo ese tiempo, la mayoría de las familias se quedaron calladas a la espera de que por ventura de su silencio, sus hijos y esposos pudieran regresar y con miedo de que una denuncia ante las autoridades los pudiera condenar a una muerte segura.

“Yo había dicho que no, no que iba a denunciar”, dijo Rosa Segura Giral, la mamá de Berenice. “Porque yo decía: Yo denuncio y que tal si mi hija está cerca, la gente sabe que yo denuncié, le hacen daño, o sea, pensaba en todo esto”, razonó acerca de su silencio.

“Otros desaparecidos”

Pero entonces las desapariciones de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desataron la indignación internacional.

El gobierno federal inició una investigación y anunció, con bombos y platillos, su conclusión oficial: que los jóvenes habían sido asesinados, cremados y sus cenizas tiradas en bolsas en un río de Cocula.

Animados por la repentina atención a las desapariciones, las familias de Cocula comenzaron a dejar el angustiante silencio y a salir a la luz pública, junto con cientos de otras familias del estado sureño de Guerrero. Hablaron entre ellos de su desgracia y firmaron listas con los nombres de sus seres queridos que se sumaron al creciente registro de más de 25.000 personas reportadas como desaparecidas en todo el país desde 2007. Dieron muestras de ADN tomadas del interior de sus mejillas y luego tomaron varillas para registrar los escarpados campos de Iguala en busca de rastros de sus familiares, que comenzaron a ser llamados como “los otros desaparecidos”.

Llegaron a encontrar evidencias de cuerpos y, a veces, las autoridades cavaron fosas de campos desconocidos. Más de cien cuerpos han sido recuperados. Hasta ahora, sin embargo, sólo se han identificado y entregado a los familiares los restos de seis personas pertenecientes a los otros desaparecidos.

Los demás continúan desaparecidos. Y sus familiares son las otras víctimas.

Lo que pasó con Berenice es especulación. Su madre recuerda haber oído un convoy de camionetas pasar por el camino de grava frente a su casa y rumbo al centro de la localidad esa mañana.

El sonido de rifles automáticos traspasó el techo de metal corrugado sobre su fogón, y horas después Segura Giral escuchó a las camionetas pasar de regreso por el mismo camino frente a su casa.

Nunca imaginó que Berenice y su novio podrían ir dentro de alguna de ellas.

¿Quiénes eran las personas que secuestraron a su hija? ¿Miembros de uno de los cárteles de las drogas que se disputan el control de Cocula? ¿La policía ligada al narcotráfico? Segura Giral se encoge de hombros. Nadie puede decirlo con seguridad.

Tampoco puede explicar por qué, aunque como muchas personas a su alrededor, Segura Giral sabe que hay muchas posibles razones para ese tipo de desapariciones: reclutamiento para sumar gente joven a las filas de cárteles. Ataques a competidores. Ganancias por rescates o castigos por no haber cumplido con el pago de extorsiones. La eliminación de algún testigo.

En cualquier caso, las desapariciones siembran miedo.

El mas buscado. Hombre clave en la desaparición de 43. Foto: EFE

El hermano mayor de Berenice huyó a Chicago hace tres años después de ser detenido dos veces por hombres armados mientras vendía pizzas en la calle.

Al igual que Berenice, ese día también desapareció José Manuel Díaz García, un campesino de 43 años en la comunidad cercana de Apipilulco, quien escuchó a las camionetas detenerse afuera de su casa antes del amanecer. Cuando los hombres lo llamaron, él les gritó que no dispararan porque estaban sus hijos. Minerva López Ramírez, su esposa, dijo que él se fue pacíficamente con cinco hombres enmascarados. Tres días después recibió una llamada para pedir un rescate de unos 300.000 pesos (unos 30.000 dólares de entonces) que eventualmente se negó a pagar porque no le pusieron a su marido al teléfono.

Las familias de los desaparecidos viven en el limbo. Cada nuevo reporte de un cuerpo localizado los lleva a la morgue a enfrentar una mezcla de alivio y desilusión cuando no encuentran a sus familiares.

Segura Giral dice que no ha perdido la esperanza. Los regalos de la graduación de Berenice, aún envueltos y cubiertos con polvo y telarañas, la esperan en una vitrina. Cada vez que escucha una camioneta pasar enfrente de su casa, ella levanta la mirada e imagina que Berenice cruza la reja bajo el limonero, atraviesa el árbol de papaya junto a la puerta de la cocina y la abraza.

“Uno tiene que aprender a sobrevivir. Yo le digo, que yo tengo la esperanza de que mi hija aparezca”...

"México: A la sombra de los 43, 

muchos más siguen desapareciendo en Guerrero",

 La República, septiembre 20 de 2015